Search Results

La regulación de los delitos sexuales o contra la libertad sexual y sus recientes reformas constituyen un debatido campo jurídico y social en España. Por una parte, la Ley 10/2022, llamada Ley del sólo sí es sí, que responde a un carácter integral, trataba de afrontar ciertos retos jurídicos y sociales, pero las críticas recibidas y un cierto número de rebajas de penas y excarcelaciones llevaron a los pocos meses de su entrada en vigor a la promoción de su reforma. Esto en realidad no es novedoso puesto que unas de las características de la Política criminal contemporánea es su carácter líquido, esto es la rapidez con que se modifican las normas jurídico penales. En el debate generado sobre los delitos sexuales y su reforma se encuentran aspectos no sólo jurídicos, sino también criminológicos y sociológicos que tratan de afrontarse en el presente Curso desde un punto de vista tanto legal como empírico. El Curso aspira a ofrecer una guía para comprender en profundidad el debate más allá del tratamiento que ha recibido en los medios de comunicación. En el Curso intervienen los principales expertos y expertas nacionales con posturas heterogéneas en el debate y aspira a plantear los argumentos a favor o en contra de los distintos aspectos de la regulación y la reforma de los delitos contra la libertad sexual.

El presente curso tiene como finalidad formar y especializar a los profesionales en la realización de la entrevista semiestructurada para la averiguación del juicio de peligrosidad del delincuente vial en base al software ICF-VIAL de confección de los informes criminológicos en la materia.

Este curso quiere poner en diálogo la ética digital, las humanidades y el mundo de la empresa. El mundo digital, en sus múltiples ramificaciones, impregna toda nuestra vida. Este desarrollo tecnológico tiene luces y sombras. Precisamente a esta ambivalencia e incertidumbre responde la ética apellidándose ética digital, a medio camino entre los desarrollos tecnológicos (inteligencia artificial, algoritmos, metaverso, etc.), la reflexión filosófica y las humanidades.

De este encuentro entre humanidades y desarrollo tecnológico no puede estar ausente el mundo de la empresa, pues las empresas generan prácticas, modos de vida y valores, y pueden orientar, consciente o inconscientemente, en una dirección o en otra, a unos valores o a otros. Las preguntas que nos asaltan son muchas: ¿Cómo podemos establecer un diálogo fructífero entre el mundo de la empresa y las humanidades? ¿Puede ser la ética digital este punto de encuentro? ¿Cómo entender la ética (digital), sus fundamentos, su arquitectura, su aplicación?

Este curso pretende crear un espacio y tiempo para pensar, desde nuestras diferentes perspectivas (humanidades, empresa, mundo tecnológico), la posibilidad de lanzar en nuestros entornos institucionales (académicos, empresariales, de gestión pública) el proyecto de un laboratorio de ética digital y humanidades donde estas cuestiones y muchas otras de tremenda actualidad tengan el mejor de los tratamientos.

Desde una perspectiva multidisciplinar se trata de ofrecer los instrumentos que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas con discapacidad. Nuestra Constitución recuerda la necesidad de respetar la dignidad de la persona (art.10). Igualmente en un lenguaje que ya ha superado el artículo 49 obliga a todos los poderes públicos a proporcionar a las personas con discapacidad la necesaria atención especializada que requieran y garantizar que disfrutarán de todos los derechos que el título I de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos sin excepción. De esta forma nuestra Carta Magna hace realidad el principio de igualdad proclamado en el artículo 1.1 donde recuerda que España es un estado social democrático y de derecho que proclama como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia, la igualdad y el pluralismo  político.

La Ley 8/2021 de 21 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad , ha supuesto un cambio de paradigma  y representa la adecuación de nuestro sistema jurídico a la Convención internacional  sobre derechos  de las personas con Discapacidad adoptada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 y en vigor en el Reino de España  desde el 3 de mayo de 2008.

El art. 12 de la citada convención recuerda “que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica  que las demás para todos los aspectos de la vida .”