¿Sabemos cómo consumimos?: Los derechos de las…

En 2024 vamos a conmemorar el cuadragésimo aniversario de la promulgación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que desarrolla el principio constitucional de protección de los consumidores proclamado en el artículo 51 de la Carta Magna. Aunque dicha ley fue dictada con cierto apresuramiento debido a la alarma social generada por el síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado, ocupa sin duda un lugar preeminente en nuestro ordenamiento jurídico dado su carácter pionero y su indiscutible impacto social.

Sin embargo, los transcendentes cambios tecnológicos, económicos y sociales producidos desde entonces han dado lugar a nuevas prácticas en la contratación con consumidores y usuarios. Asimismo, la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea ha conducido a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del acervo comunitario o acquis communautaire, también obviamente del dictado en materia de protección de los consumidores, el cual se encuentra en constante desarrollo.

En este sentido, debe tenerse presente que uno de los objetivos de la Unión Europea es garantizar que todos los consumidores de la Unión disfruten de un nivel común elevado de protección contra los riesgos y amenazas para su seguridad y sus intereses económicos, así como aumentar la capacidad de los consumidores para defender sus propios intereses. En último término, además, una política eficaz de protección de los consumidores redunda en un funcionamiento adecuado y eficiente del mercado único, ya que aquella tiene por objeto asegurar los derechos de los consumidores frente a los empresarios y proteger de forma más adecuada a los consumidores vulnerables, especialmente afectados por las crisis de distinta naturaleza vividas en los últimos lustros.

Pues bien, la celebración de los cuarenta años de la Ley 26/1984 constituye ocasión propicia para poner en valor el contenido del referido texto normativo, analizando el presente del Derecho del consumo -conformado principalmente por el Real Decreto Legislativo 1/2007, en coexistencia con la Ley Foral 34/2022- y también, en fin, resulta momento óptimo para reflexionar sobre su inmediato futuro, ante el vislumbre de cambios legislativos de indudable calado.